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Multas foto-rojo nulas
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del sistema de imposición de sanciones de tráfico por el llamado “foto-rojo”.
El que se viene llamando “foto-rojo” consiste en la instalación de una cámara conectada con un semáforo, normalmente con paso de peatones. Si un vehículo sobrepasa el semáforo cuando se ha puesto en rojo, la cámara toma una fotografía del vehículo infractor. Así, no hace falta la presencia de ningún agente de la autoridad para sancionar la infracción, y la multa se pone de forma “automática”.
El funcionamiento es similar a los radares.
Pues bien, el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso contra la sentencia de 9 de noviembre de 2014 dictada por en Juzgado de Valencia.
El argumento utilizado consiste, básicamente, en que las sanciones así impuestas no están sometidas a ningún control metrológico. Lo que significa que, ante la duda de que las cámaras puedan cometer algún error en la captación de las imágenes, no se puede estar completamente seguro de que el conductor haya sobrepasado el semáforo en rojo. Por lo tanto, si no hay infracción, o no se puede confirmar por métodos contrastados que la haya, no se puede imponer ninguna multa.
Diferencia con radares tradicionales
La diferencia con los radares consiste en que éstos sí están sometidos a control metrológico: son objeto de revisión y se realizan pruebas para acreditar que funcionan correctamente.
Las asociaciones de conductores ya venían poniendo de manifiesto que tal y cómo estaba estructurado el funcionamiento del sistema “foto-rojo”, ponía en entredicho la seguridad jurídica. De hecho, algunos Ayuntamientos, ante las protestas de las asociaciones, habían dejado de usar este sistema de imposición de sanciones.
Recurrir a la vía judicial
Ahora, la resolución del Tribunal Supremo, parece que pone fin a estos sistemas de vigilancia de las infracciones de tráfico. Pero hasta que las administraciones no eliminen las cámaras, seguirán sancionando, y si esto sucede, los conductores sancionados tienen ahora un contundente argumento para luchar judicialmente por la anulación de la multa.